A un año y seis meses de la intervención del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) en la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, Inc. (Coop-Herrera) debido a un desfalco superior a los 2,500 millones de pesos, la mayoría de los ahorrantes sigue sin recuperar sus fondos.
El
fraude, presuntamente cometido por los directivos de la entidad, según
estableció el Ministerio Público, dejó en la incertidumbre a miles de
socios que confiaron su dinero a la cooperativa.
José Alejandro
Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales
de Ahorro y Crédito (Airac), explicó a Diario Libre que los depósitos
de los ahorrantes deben ser resguardados y devueltos conforme al plan de
recuperación, siguiendo el protocolo de intervención y devolución de
fondos estipulado en la Ley 127-64.
El 21 de diciembre de 2023, Idecoop ordenó, mediante resolución, la conformación de un «Gobierno Corporativo»
para gestionar una estrategia que garantizara la recuperación de los
recursos de los asociados, tras identificar serias irregularidades en la
cooperativa. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado avances
concretos sobre la situación de la entidad.
Administración en espera de resultados
La Resolución 020-2023 de Idecoop
estableció que la comisión administradora estaría integrada por
miembros de cooperativas socias, inversionistas y delegados de la propia
entidad. Su objetivo principal es garantizar la recuperación social y
económica de Coop-Herrera. Además, se fijó un plazo de
tres meses para la entrega de un primer informe de avances, el cual no
se ha dado a conocer públicamente.
De
acuerdo con Rodríguez, los pasos tomados por el órgano regulador han
sido adecuados, pero advierte que, ante un caso de esta magnitud, es
fundamental mantener una estricta supervisión para proteger el dinero de
los ahorrantes.
Hasta diciembre de 2022, Coop-Herrera registraba activos por un valor de 10,740 millones de pesos.
Entre los afectados
hay personas que recibieron certificaciones financieras como pago por
la venta de inmuebles adquiridos por los directivos anteriores, pero
que, según la solicitud de medidas de coerción, carecían de respaldo
financiero.
Víctimas y acusaciones
Entre
las víctimas se encuentra el popular merenguero Rafa Rosario, quien
presentó una querella en junio de 2023 contra la cooperativa por una
presunta estafa de 10 millones de pesos. También figuran propietarios de
pequeños negocios que tenían allí todos sus ahorros.
Según el
Ministerio Público, los imputados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana
Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de
Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César
Minaya llevaban a cabo prácticas fraudulentas, como la simulación de
préstamos y la emisión de certificados financieros falsos, para desviar
el dinero de los ahorrantes.
La investigación, denominada «Operación Búho»,
fue declarada como un caso complejo. En octubre de 2023, la Oficina de
Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó
medidas de coerción a los acusados, que incluyeron prisión preventiva
por 18 meses, arresto domiciliario y garantía económica.
¿Un proceso estancado?
El proceso
de intervención continuó con la emisión de una tercera resolución, la
02-2024, el 21 de marzo de 2024, que redujo el período del Gobierno Corporativo
de cinco a tres años, con posibilidad de prórroga por dos años
adicionales, si fuera necesario. La misma resolución establecía que en
los primeros tres meses se debía presentar el plan de recuperación ante
el Consejo de Directores de Idecoop.
En septiembre de 2024, la nueva presidenta del Idecoop, Maritza López, convocó a una reunión de emergencia al Gobierno Corporativo debido a la falta de cumplimiento en la entrega del informe requerido.
«Nuestra presidenta administradora, Maritza López de Ortiz, ha convocado con carácter de urgencia a dicho Gobierno Corporativo para que presente el estatus actual y las razones que han impedido dar respuesta a los socios y clientes de Coop-Herrera«, indica un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Idecoop.
Diario Libre contactó a la encargada de Comunicaciones de Idecoop,
quien respondió que, hasta el momento, no se dará información sobre el
caso, ya que la presidenta planea ofrecer declaraciones en una futura
reunión con periodistas.
Movilización de los afectados
Mientras tanto, los afectados han seguido protestando frente a las oficinas de Coop-Herrera,
exigiendo respuestas sobre la devolución de sus ahorros. A pesar de la
intervención, la entidad sigue operando para captar recursos y hacer
frente a sus obligaciones financieras.
Millones de pesos fue el total de activos
que registró Coop-Herrera al cierre de
diciembre del 2022.
Futuro incierto
A diferencia de Coopopular, otra cooperativa intervenida que fue disuelta y absorbida por otra entidad en enero de 2024 tras un desfalco de 123 millones de pesos, no se ha informado si Coop-Herrera será disuelta o fusionada con otra institución.
Los socios y ahorrantes de Coop-Herrera siguen a la espera de una solución clara sobre el destino de sus fondos, mientras el Gobierno Corporativo y el Idecoop aún no contrastan resultados concretos sobre la recuperación de la cooperativa.
Ley 127-64 y la devolución de fondos en cooperativas
La Ley 127-64
de la República Dominicana regula las cooperativas y establece
disposiciones para la devolución de fondos a los socios en casos de
retiro, disolución o liquidación de la entidad.
En caso de retiro
voluntario, la cooperativa debe devolver el valor de las aportaciones y
los excedentes del socio, según los estatutos. Sin embargo, puede
aplicar un plazo de espera o condiciones para no afectar su estabilidad
financiera.
Si la cooperativa se disuelve o liquida, la ley
prioriza la devolución de los depósitos de los socios antes que sus
aportaciones de capital, ya que estas últimas representan un capital de
riesgo. Antes de reembolsar fondos, la cooperativa debe saldar sus
deudas con terceros y, si no hay suficientes recursos, los socios pueden
perder parte o la totalidad de sus aportaciones.
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop)
supervisa la liquidación y debe garantizar que los socios reciban sus
fondos de manera justa. Sin embargo, la ley no establece un mecanismo
específico para la devolución en casos de crisis financieras, dejando
este proceso sujeto a la situación de la cooperativa y sus estatutos internos.
En resumen, la Ley 127-64 protege los derechos de los socios, pero deja a cada cooperativa definir los detalles del proceso
de devolución de fondos, priorizando los depósitos sobre las
aportaciones y asegurando primero el pago de obligaciones externas.
La
Ley 127-64, que regula las cooperativas, establece en su artículo 47
que, en caso de disolución o salida de socios, estas deben devolver los
fondos a los ahorrantes y cumplir con las obligaciones financieras
adquiridas.
Rodríguez explicó que, en el caso de Coop-Herrera, los
depósitos no estarían en peligro, aunque advirtió que las aportaciones
de los socios podrían estar en riesgo si el capital de la cooperativa
resulta insuficiente.
«El Estado es el primero en cobrar, pero en
este caso, al no tratarse de una entidad que paga impuestos, no creo que
haya un interés estatal en recuperar fondos. Primero se pagan los
depósitos y luego las aportaciones. Sin embargo, las aportaciones son
consideradas capital de riesgo y podrían perderse», aclaró Rodríguez.
Las
aportaciones representan el capital que los socios invierten para ser
parte de una cooperativa, funcionando como acciones que no pueden ser
retiradas y que constituyen los fondos de capital de la entidad. Sobre
el destino de los fondos de las cooperativas, Rodríguez explicó que
estos se depositan en bancos locales, lo que hace que este sector sea el
segundo mayor en depósitos dentro del sistema financiero.
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