POR EL NUEVO DIARIO
TEHERÁN. – Irán acusó este lunes a Estados Unidos de orquestar la detención del ciudadano iraní Mohammad Abedini
en Italia en lo que calificó como una “toma de rehenes”, una acusación
que desde hace años dirigen contra Teherán grupos de derechos humanos y
capitales occidentales y que tendría como objetivo presionar a otros
Estados.
Abedini ya se encuentra en Teherán tras ser liberado ayer en Italia, cuatro días después de la puesta en libertad en Irán de la periodista italiana Cecilia Sala,
detenida tras ser acusada de violar las leyes de la República Islámica,
en una cronología inversa a sus detenciones en diciembre.
Sala fue detenida el 19 de diciembre cuando se encontraba en un viaje
periodístico en el país persa, tres días después del arresto de Abedini
en Italia a petición de Estados Unidos por supuestamente suministrar
componentes de drones a la Guardia Revolucionaria.
Teherán ha negado que los dos casos estén vinculados y calificó hoy
la detención de Abedini como “una trampa y toma de rehene” organizada
por Estados Unidos.
“Desde el principio creímos que se trataba de un tipo de trampa y
toma de rehenes que lamentablemente se ha hecho habitual en los últimos
años por Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores
de Irán, Ismail Baghaei, en una rueda de prensa en Teherán.
Y eso es precisamente de lo que Washington, Londres, París, Amnistía
Internacional (AI) o Human Rights Watch acusan a Teherán: del arresto de
ciudadanos occidentales o con doble nacionalidad como medida de presión
o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, lo que se ha
dado en llamar «diplomacia de los rehenes».
Las acusaciones contra estos presos oscilan entre el espionaje, la
propaganda contra el sistema o la colusión contra la seguridad nacional,
en lo que AI califica como “peones políticos” y víctimas de “crueles
juegos políticos”.
El
“think tank” Centro Stimson de Washington considera que la llamada
«diplomacia de los rehenes» es “una herramienta de política exterior
cada vez más común para algunos Estados, incluida la República Islámica
de Irán”.
Según una investigación del centro estadounidense, está práctica
comenzó como una táctica “oportunista” pero con el tiempo se ha
transformado en una medida “estratégica” con la que “Irán busca a
ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad para obtener concesiones
externas de sus estados de origen”.
Casos recientes
El caso más reciente, además del de Sala, se produjo el pasado junio
cuando Irán y Suecia alcanzaron un acuerdo de canje de prisioneros que
permitió la liberación y el retorno a su país de Johan Floderus, un
trabajador de la Unión Europea que fue detenido en suelo iraní cuando
realizaba una visita turística en 2022, acusado de espionaje y del
delito de «corrupción sobre la tierra”, y otro ciudadano iraní-sueco.
A su vez, Estocolmo liberó a Hamid Nouri, ciudadano iraní condenado a
cadena perpetua por la justicia sueca por su papel en las ejecuciones
masivas de los presos políticos iraníes en 1988.
En uno de los casos más sonados, Teherán y Washington intercambiaron
en septiembre de 2023 cinco prisioneros de cada país, además de 6.000
millones de dólares de fondos iraníes congelados, en una complicada
operación en Doha.
Cuatro meses antes, el trabajador humanitario belga Olivier
Vandecasteele, detenido en Irán en febrero de 2022, fue liberado a
cambio del diplomático iraní Assadollah Assadi, condenado a 21 años de
cárcel por terrorismo en Bélgica.
Otros presos occidentales o con doble nacionalidad aún arrestados
Tras la liberación de Sala aún quedan al menos 10 ciudadanos
occidentales o con doble nacionalidad detenidos en Irán, acusados de
espionaje o colusión contra la seguridad del país.
Entre ellos destacan los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris,
detenidos desde mayo de 2022 por cargos de espionaje y han llegado a
aparecer en la televisión estatal iraní “confesando” sus crímenes.
El también francés Olivier Grondeau, turista de 34 años, fue detenido
en octubre de 2022 en la ciudad de Shiraz y condenado casi dos años
después a cinco años de cárcel por “espionaje y conspiración contra la
República Islámica”.
Otro caso es el del sueco-iraní Ahmadreza Djalali, un académico
detenido desde 2016 en Irán y condenado a muerte por cargos de espionaje
en un país que ejecutó el año pasado a 901 presos, de acuerdo con la
ONU.